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El mismo en
las cortes de
Mon. año 15 Io
Cap. 55.

los jueces ó relatores, ó á lo menos la parte dispositiva de ellas, salvo justo impedimento (2).

II. Ordenamos que todos los jueces que dieren sentencias definititivas en el presente principado de Cataluña y condados de Rosellon y Cerdaña en cualquiera tribunal ó consistorio, aunque fuese en nuestra Real audiencia ó en la de nuestro Lugarteniente general, deban y estén obligados á expresar en las dichas sentencias definitivas los motivos que les hubieren movido á declarar y sentenciar en los términos que lo hagan (5).

Al contrario cuando fenece la instancia por solo el decurso del
tiempo (que en Cataluña es de ocho años, despues de cuyo decurso
es necesario nuevo emplazamiento, segun lo que se ha dicho en la
nota 1 tit. 9 lib. 5 de este vol. pag. 2 12 del tomo 1 de esta obra)
en cuyo caso continuan los efectos de la instancia y sirven para
interrumpir la prescripcion.
Sobre si pl ponerse suplicacion de las sentencias provisiona-
les y de las absolutorias de la instancia ú observancia del juicio,
véase lo notado en el tit. 5 de este libro.
(2) Esto no se observa porque los relatores hoy dia ro son al
mismo tiempo jueces como lo eran en el tiempo de proferirse esta
ley.
(5) Tampoco se observa esta ley porque en la ordenanza 145
de las de la Real audiencia se manda que las salas se arreglen al te-
nor de la Real provision de 51 de octubre de 1756 dando y pro-
nunciando las sentencias y provisiones sin motivos algunos en hecho
ni en derecho. Y en la ley 8 tit. 16 lib. 11 de la novis. al paso que
se manda que cese en la audiencia de Mallorca motivar sus sentencias
se dice que á ejemplo de lo que va prevenido á la audiencia de Ma-
llorca, los tribunales ordinarios inclusos los privilegiados , excusen
motivar las sentencias como hasta aquí con los vistos y atentos en
que se referia el hecho de los autos y los fundamentos alegados por
las partes.
Efectivamente he visto sentencias de la antígua Real audiencia de
Cataluña, que al paso que eran sumamente largas no fijaban bien la
cuestion; y no es de admirar que esto excitase el zelo de S. M. y
mandase cesar este abuso; pero como todas las cosas tienen un me-
dio, S. M. reinante haciéndose cargo de este inconveniente, y
conociendo al mismo tiempo las incalculables ventajas que tiene en
sí el fundar las sentencias, mandó que asi se hiciese en los tribu-

III. Ordenamos qne cuando el relator diere cuenta en el consejo ó en la sala deba en la provision que diere hacer mencion expresa de haberse hecho facto verbo ().

nales de comercio, previniendo empero que los fundan entos se re.
dujesen á establecer la cuestion y hacer referencia de las leyes que
le sean aplicables sin oomentarios ni otras exposiciones : art. 12 15
del Código de comercio. Este artículo concilia muy sabiamente las
opiniones de los autores sobre la utilidad y perjuicio de motivar
las sentencias.
En esta Real audiencia y en los tribunales ordinarios desde que
se prohibió fundar las sentencias se ha acostumbrado poner antes de
la parte dispositiva las demandas de las partes y las extensiones ó
limitaciones de las mismas; lo que efectivamente no es contra lo
dispuesto en las leyes, pues no se explican los motivos de las de-
mandas sino las demandadas solas. Este método tiene algunas venta-
jas porque leidas las demandas de una y otra parte se entiende me-
jor la parte dispositiva da la sentencia. 2o. este método ahorra mu-
chos gastos á las partes pues de otro modo en las ejecutorias debe-
rian transcribirse dichas demandas, y cono estas á veces están di-
seminadas en muchos pedimentos resultaria que todos estos pedi-
inentos deberian transcribirse en las ejecutorias y serian tan volu-
minosas y costosas como las que vienen de otras provincias, al pa-
so que segun el método de este Principado como quedan reunidas
todas las demandas en el proemio de las sentencias basta que estas
se continuen en la ejecutoria. Es verdad que continuando las de-
mandas en la sentencia estas tienen media foja ó una foja mas de lo
que tendrian sino se ponian demandas, pero esta media foja ó una
foja ahorran despues 2o, 5o ó mas fojas en las ejecutorias como que-
da dicho.
Si la sentencia es en grado de apelacion se transcribe tambien en
el proemio la sentencia apelada, pues debiéndose registrar las sen-
tencias en un registro que hay al objeto, se ignoraria lo que se ha
fallado si la sentencia de la Real audiencia comprendia solamente la
confirmacion de la sentencia apelada sin continuar lo que en ella se
dispone. Si la sentencia es en instancia de suplicacion ó revista no
siempre se ha transcrito la sentencia de vista porque esta se halla
ya registrada; no obstante en el dia se manda tambien transcribir la
sentencia suplicada, -
(4). De esta ley y de varias otras de este Código resulta que los
SS., ministros á quienes se encargaba la sustanciacion de la causa
podian dar algunas providencias por sí solos y sin hacer relacion

Carlos en las CuartaS COrtes de Monz. año 1542. Cap. 46. Felipe. Princ. y lug. ten. gen. de Carlos en las rim. cort. de ¿? Cap. 12.

Felipe en las cortes de Mon. año 1585 c.63

Felipe II en las corts de Barc. año 1599 c.41.

IV. Ordenamos que sustanciadas las causas que de su naturaleza son plenarias deben fallarse y proferir en ellas sentencias definitivas dentro el término de 400 dias que se han de contar desde aquel en que se hubiere disputado dicha causa, y en las sumarias y en todas las causas de apelaciones á lo menos dentro de 50 dias, y estos térmiuos sean precisos y perentorios de modo que por ninguna causa se pueda prorogar ni alargar si la parte hiciere instancia y depositare el salario (5).

V. Ordenamos que el señalamiento para sentencia se pida en escritos una vez tan solamente y que dicho señalamiento se ponga en el proceso y se provea con continuacion de dias para que no deban pedirse ni proveerse otras asignaciones (6).

VI. Ordenamos que en las sentencias definitivas en que hubiere condena de intereses (7) deba especificarse en

en la sala; pero algunas providencias y eneiertas causas no podian dar-
las sin hacer dicha relacion, y como en esto habria algunos abusos,
por lo mismo se hizo la presente ley. Ella es inutil en el dia porque
como los relatores no son jueces nada pueden hacer por sí y de to-
do deben dar cuenta á su respectiva sala.
(5) El tiempo dentro el cual deben los SS. de la Real audiencia
fallar las causas vistas queda prefijado en la ordenanza 142 de las de
la Real audiencia á cuatro meses.
(6) Así se practica hoy dia.
(7) Estas palabras indican que no en todas las sentencias debe haber
intereses. Sobre esto el Sr. Cancelario Dou t.6pdg. 28o recopiló cuan-
to sobre el particular puede decirse por lo respectivo á esta provincia,
y por esto se pone á continuacion lo que escribió aquel sabio autor.
«A semejanza de la restitucion de frutos, dice, se ha introducido

« en muchos tribunales de Europa el eondenar al actor á pagar los

« intereses devengados desde la introduccion del pleito, cuando se ha « demandado en él una determinada cantidad de dinero, habiéndo« se fijado por ley ó costumbre el tanto por ciento á que deben re« ducirse. Domat en el tit. 5 del lib. 5 del Derecho privado trata de « esto, haciendo ver la utilidad de fijar los intereses por la natura

« leza del dinero. Este, dice, es un equivalente de todo, y en cada

• causa pudiera pretender cualquiera interesado mil géneros de per« juicios ocasionados de no haber tenido dinero, diciendo que podria « haberlo empleado en un censo, ó en compra de alguna finca, ó en se« guimiento de alguna solicitud ó en alguna compañia ó en otras mil « cosas, cuya justificacion seria embarazosa y causa de formar de cada « pleito, dos ó muchos y de dificil discusion, al paso que en las demas « cosas es mas fácil tasar los perjuicios que resultan á la parte cuando « se trata ó de haber caido un edificio por no repararle cuando se « debia, ó de no haberse sembrado un campo y de otras cosas semejan« tes. Se ocupa principalmente dicho autor en demonstrar las infinitas « diferencias con que se pueden diversificar los perjuicios causados « de no haberse pagado á su tiempo una determinada cantidad de « dinero por los varios empleos que pueden haberse hecho de él, « pidiendo esto mismo, en su opinion que habida razon de lo que « puede regularmente dar el dinero empleado se tase en general el «interés en una determinada cantidad anual, mandándose pagar es«ta en razon de los años que ha durado el pleito al que resulte «deudor de cantidad cierta de dinero; pero no se detiene Domat « en hacer ver que se deben dichos intereses suponiéndolos de « un derecho natural y civil. Con todo para convenir con él en « esto nos embarazan el derecho canónico y algunas reflexiones y dis«putas de autores con un decreto moderno del eonsejo de Castilla, « que nos obliga á limitar la equidad de los intereses á los que expli« caré luego ». « Carlaval en el tit. 5 de Iudic., dip. 8 sec. 1 y 6 está acérrimo «en reprobar como usurarios los intereses á que se condena á algu«no por la sola retardacion del pago desde la introduccion del plei« to. Cita á varios autores y entre estos á Paulo de Castro, el cual « trae todos los requisitos con que han de quedar justificados en el o proceso el lucro cesante, ó el daño emergente, en atencion á que « segun el derecho canónico todo lucro que se da por la sola retaro dacion del pago no concurriendo uno de dichos títulos ó de peli« gro del capital, está condenado como usura. Del cap. 2 lib. 2 num. « 1 y siguientes del com. ter. de la Curia Filípica parece que seo gun derecho de Castilla por la sola mora é ínterpelacion judicial o no se pagan los intereses. En Cataluña siempre se habian mandado o dar hasta estos últimos tiempos, en que un regente de nuestra auo diensia el Sr. D. Rodrigo de la Torre y Marin promovido despues o al Consejo y cámara de Castilla, se empeñó en defender la senteno cia de Carlaval habiéndose ofrecido eabalmente la dificultad en un o pleito de prestamo, en que los jueces querian condenar á intereses o desde la interpelacion judicial. La naturaleza del contrato en que * se suscitó la duda hacia parecer á dichos intereses con mas aspeco to de usura del que tienen en otras obligaciones, aunque en reali• dad la contestacion del pleito es una especie de novación que true« ca y muda la obligacion antecedente ».

«El Sr. D. Ramon Ferran oidor de de la misma audiencia se em« peñó en dar por escrito al Regente los motivos de la opinion en « que constantemente habia estado la audiencia de Cataluña y lo « ejecutó en un dictamen de que tengo copia y, se reduce á lo si«guiente. Prueba el autor de este escrito la práctica inconcusa de la « misma audiencia y de todos los tribunales de Cataluña en conde« nar á intereses por la sola retardacion del pago desde la interpe«lacion judicial, citando á Fontanella en la decis.9o y 91 ; á Can« cer de litis contestat. num. 67 y 81 ; á Xanmar Rerien judicata« rum part. 1 defini. 1 y 2 ; á Peguera cap. 178 y á Tristany en la « decis. 27. La misma observancia prueba citando á los autores cor« respondientes de buena parte de los tribunales de los estados pon«tificios, de los de Alemania, Saboya, Francia y de algunos de « España como de la Real chancilleria de Granada sin necesitar« se en ellos de la exacta justificacion del daño emergente ó lu« cro cesante por bastar la verosimilitud , añadiendo que esto « principalmente tiene lugar en España en donde la frecuencia de « los censos redimibles hace ya en agun modo cierto el lucro cesan« te del acreedor. Cita para esto á Cobarrubias en el libro 5 var. « res. cap. 1: : cita varias leyes del derecho civil como la o la 1 ro y « la 57 dig de usuris, con que se han gobernado los tribunales y en que « no se puede afianzar mucho porque para excusar la usura no ha«cen mucha fuerza dichas leyes á los autores de la opinion contra«ria o todos se fundan en el derecho canónico y en que por este « quedó variado y corregido el civil. Dice que los títulos de lucro « cesante, daño emergente y riesgo del capital son justos y aproba« dos alegando los textos de derecho canónico y las autoridades de « los teólogos y canonistas que en esto todos están conformes. Luego « que está contestado el pleito, dice, que consta y es cierto de autos « el daño emergente y el peligro de perder el capital en el acreedor « á vista del mismo proceso por los inmensos gastos y cuidados que « causan los pleitos. Gradua de daño emergente los salarios del pro« curador, el honorario del abogado, los derechos del escribano y « del juez, el papel sellado, traslados y copias de documentos, pre« sentacion de testigos y otros gastos que exceden algunas veces el «valor de la cosa que se litiga. Estos gastos y fatigas que son precio « estimable son efectos del pleito empezado y quedan probados ya y « ciertos desde el dia de la contestacion. El peligro pretende justifi« carlo porque por justa que sea la accion puede frustrarla la mala «fe del deudor fingiendo excepciones, ocultando papeles é instru« mentos, sobornando testigos y con otras travesuras y excesos que « por desgracia del género humano suceden frecuentemente. Pondera « la contingencia de los juicios haciendo valer para esto las palabras « de las mismas leyes como las de la 15 del Dig de statu hominum.

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